En medio de un contexto nacional marcado por el aumento de la percepción de inseguridad, el gobierno ha impulsado una nueva Ley de Seguridad Privada que busca ordenar, modernizar y supervisar el funcionamiento de las empresas y el personal que prestan estos servicios. Esta iniciativa, que se encuentra en discusión en el Congreso, pretende actualizar una normativa que lleva décadas sin grandes modificaciones, pese al crecimiento sostenido del sector en todo el país.
La propuesta contempla una serie de cambios significativos, entre ellos la creación de un registro nacional obligatorio para vigilantes privados, nuevas exigencias en formación técnica y psicológica, y un sistema de fiscalización más robusto que estará a cargo del Ministerio del Interior. Además, se establecen límites más claros respecto a las funciones que puede cumplir el personal de seguridad privada, evitando así la confusión o el cruce de atribuciones con las policías y fuerzas armadas.
Otro aspecto relevante es el fomento a la colaboración entre los actores privados y las autoridades públicas, especialmente en zonas críticas o eventos de alta concurrencia. La ley también endurece las sanciones para las empresas que incumplan los protocolos o que contraten personal sin la debida acreditación. En suma, se trata de una normativa que busca equilibrar el derecho a la seguridad con el respeto a los derechos ciudadanos, profesionalizando un rubro que, hasta ahora, ha funcionado en muchos casos con escasa regulación.